El Derecho a la Ciudad

Una reflexión necesaria para un futuro sostenible para todos y todas

RESUMEN La consecución del derecho a la ciudad en la práctica implica la reflexión y planteamiento conjunto, como sociedad, para implementar modelos sostenibles a todo nivel, de tal manera que la integralidad permita de manera efectiva tener políticas y gestión públicas enfocada en construir equidad, inclusión y ética en la práctica pública y privada. A partir de esto, se analiza la posible adaptación del Barrio La Mariscal a las nuevas políticas y gestión del desarrollo urbano y movilidad sostenibles planteadas por la ONU-Hábitat 2016 y la Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036 (AHSE 2020) para aportar en la aplicabilidad del artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador en territorio.

1. INTRODUCCIÓN

Las reflexiones sobre la gobernanza, el Derecho a la Ciudad y por sobre todo la sostenibilidad se hacen urgentes, no solo por la emergencia sanitaria vivida debido al COVID-19, sino ante la emergencia climática que científicos ya han venido alertando desde hace al menos dos décadas. Existen algunas tendencias y acuerdos mundiales para intentar revertir algunos efectos, que podrían poner en peligro la supervivencia humana, y que solo con acciones coherentes, colectivas y en diversas áreas, podrían tener un resultado alentador para eliminar las desigualdades sociales, económicas, urbanas, ambientales, pero sobre todo de oportunidades para todos.

Una brecha muy grande de desigualdades e inequidades se evidenciaron en los meses de “quédate en casa”, dando una muestra de lo insostenible que son nuestras ciudades e incluso sus gobiernos locales. Es imperativo discutir, desde la sociedad, cómo lograr reducir dichas brechas entre factores sociales, económicos y ambientales desde la gobernanza y el manejo de los territorios. Frente a esto, las diversas miradas del Derecho a la Ciudad en general plantean la inclusión de estos factores desde un enfoque de sostenibilidad para eliminar esas desigualdades e inequidades, manejando la gestión y políticas públicas con transparencia y ética.

La propuesta de política pública del Ministerio rector de Hábitat y Vivienda a través de la AHSE 2036 (MIDUVI - Agenda Hábitat Sostenible Ecuador, 2020) podría aportar a la consecución real del Derecho a la Ciudad hacia la sostenibilidad. Este es un trabajo que ha venido madurando desde el acuerdo para la Nueva Agenda Urbana presentada en Quito (ONU-Hábitat, octubre 2016). El requerimiento mayor será la coordinación a todo nivel de gobierno y ciudadanía para que las acciones y proyectos sean integrales y tengan un impacto en la mejora de la calidad de vida de todos. Sin embargo, si plantear un proyecto municipal integral es ya una tarea compleja, el ejecutarlo aún más, ya que la falta de mecanismos de gestión y disposiciones internas para que entidades trabajen de manera sincronizada hace que políticas públicas, como incluso los PDOT y PUGS, se diluyan sin plasmarse adecuadamente en territorio.

Los ciudadanos son quienes enfrentan el malestar de falencias en la aplicación de política pública, su falta de reflejo en el territorio. El desarrollo urbano sin control y la falta de movilidad adecuada son dos de los más complejos problemas. Estas necesidades hoy van de la mano del enfoque de desarrollo de ciudad de cercanías y cuenta con instrumentos para territorialización de políticas, como la propuesta de proyectos basados en la naturaleza para recuperación de entornos urbanos (European Union Commission, 2020). Todos estos instrumentos, declaraciones o llamados tienen como base el cambio de diseño y desarrollo de ciudades en función del crecimiento urbano proyectado para las siguientes décadas, y que deberán revertir el modelo previo que ponía al auto en el centro de toda toma de decisión política y presupuestaria, y empezar a plasmar ciudades que caminan y que miran primero a las personas, pero a todas las personas, sin exclusión.

Buscaremos entonces impulsar el conocimiento constitucional sobre el derecho a la ciudad estipulado en el artículo 31 de la sección sexta del Hábitat y Vivienda (Asamblea Constituyente, 2008):

“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferencias culturales urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El Ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”

Por lo antes mencionado, se tuvo por objetivo contestar la siguiente pregunta de investigación:

¿Es adecuada la visión de gestión, control, uso y ocupación de suelo y espacio público en el Barrio La Mariscal para conseguir el ejercicio del Derecho a la Ciudad?

2. PROBLEMA

En una sociedad individualista, donde el imaginario ha sido moldeado por una cultura política, económica y socialmente mercantilista y poco empática, el aplicar acuerdos y soluciones colectivos o de espacio público necesitan un trabajo de organización titánica para lograr los cambios necesarios hacia la sostenibilidad y el ejercicio del Derecho a la Ciudad.

En el plano físico de la ciudad, pensar en los principales elementos que nos conectan, las aceras, es vital. Ese lugar donde caminamos y encontramos el comercio, las amistades, servicios. Pero estas calles pueden ser lugares que nos generen seguridad o inseguridad. ¿Qué hace entonces que una calle sea más o menos segura? Una calle que tiene usuarios casi permanentemente, es decir, una calle transitada, sin muros ciegos, con actividad, nos provoca seguridad ya que nos sentimos acompañados y menos vulnerables. Una calle vacía provoca lo contrario. La seguridad, para Jane Jacobs (Jacobs, 1961), es construida por los controles vecinales, “los ojos en las calles”, y explica que la acera ha de tener usuarios casi constantemente, para añadir más ojos que miren a la calle y generar confianza a todos y en todos.

En el imaginario de la sociedad actual, la calle es insegura, pero es porque así hemos dejado que se desarrolle, de espaldas a la gente y lo público. Esto se perdió principalmente con la implementación de centros comerciales cerrados, privatizados que destrozaron el comercio en la calle en gran cantidad de barrios.

La complejidad de la psicología de la movilidad, sumado a que los medios han promovido como elemento deseado al automóvil particular, son causantes del statu quo del espacio público, sobre todo vial, mismo que es insostenible. Por esto, es necesario trabajar en conseguir la encarnación social del Derecho a la Ciudad, siguiendo los objetivos globales de cambio mediante la Nueva Agenda Urbana promovida por la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pero ¿por qué no se logra algún tipo de cambio o mejora?

Según Albert Einstein, la locura es: “seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Se requiere una política integral de cambio en el manejo de los Municipios (GADs) y que las personas involucradas en las diversas aristas de la política pública conozcan su función y entiendan la de los demás, como un equipo. Las mismas autoridades y concejales suelen ser parte del problema, al aceptar funciones para las que no están capacitados; no tienen conocimientos ni preparación.

Por otro lado, existen ordenanzas que terminan siendo confusas, incluso contradictorias, a las que no es fácil dar seguimiento, por lo que la mayoría de los ciudadanos ni las conoce ni maneja, peor respeta. En muchos casos son inaplicables y por lo tanto dejan derechos sin ejercerse. De la mano de esto, la compleja situación ante el órgano de control, desconectado del resto del municipio, que además tiene mala reputación de ineficiencia y parcialidad en su labor. Habitantes, pero sobre todo comerciantes de La Mariscal se quejan de la impunidad que parecen tener algunos locales con incompatibilidad de uso de suelo, mientras otros, a pesar de cumplir con la norma, son visitados reiterativamente. Datos según encuesta (ARCHiDis Iniciativa Urbana Permanente, 2020).

Existen vacíos en el proceso de control que, una vez replanteados en base a otra visión, podrían ser una potente herramienta de transformación social. En términos políticos se puede cambiar la visión sancionadora y de control por una educadora e informativa con comunicación transparente y no publicitaria. Visión que podría cumplirse con mayor efectividad y eficiencia que la del mero control. En lo técnico, transformar la visión carro-céntrica hacia una que ponga a la persona en la prioridad de las decisiones. Y con estas acciones iniciar la construcción del proceso de cambio para un ejercicio real del derecho a una ciudad donde más del 70% de su población camina, toma el bus y no se mueve en auto.

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL - Reflexiones A continuación, revisaremos el pensamiento de transición y transformación necesario para lograr los objetivos antes planteados. Desde los orígenes de la industrialización y del urbanismo moderno, dada la posibilidad de movilidad motorizada se plantea segmentar las actividades del ser humano en la ciudad y se planifica y construye con dichas actividades a grandes distancias entre ellas. Algunas ciudades dieron paso a la destrucción de sus barrios para permitir la construcción de carreteras o edificios modernos y nuevas ciudades se construían sobre esa base conceptual. A ese entendido desarrollo le siguió la norma urbanística, misma que supone una regulación del crecimiento de las ciudades, misma que dada la dinámica desordenada en general y la explosión demográfica, no pudo frenar los conflictos que muy temprano empiezan a aparecer. Con la idea de que el auto era el desarrollo, Robert Moses impulsó en el bajo Manhattan en los 60’s la construcción de autopistas que requerían demoler barrios enteros para construirlas (Contemporary Culture Magazine, 2012). Todo avanzaba con fuerza hasta que tuvo su traspié al encontrarse con el activismo ciudadano y la lucha de Jane Jacobs quien tuvo un importante movimiento contra este desarrollo. Ideales vigentes hasta el día de hoy y bandera de muchas de las reivindicaciones sociales que se busca con el Derecho a la Ciudad, como lo expresó en su visión plasmada en el libro Muerte y Vida de las grandes ciudades que rescata la importancia de poner a las personas primero siempre y sostener así la economía urbana local, reconociendo que el barrio es la célula más importante en una ciudad y que sus interrelaciones son vitales para la vida de este, donde los servicios son diversos y cercanos, actividades que se las puede realizar caminando o tomando un bus. Esta premisa demostró ser de mucho poder para quienes tuvieron la posibilidad de vivir y valorar el vivir en un barrio caminable y con comercio local durante el 2020 y la cuarentena por el COVID-19. Como se conoce desde la constitución y su artículo antes mencionado, el Derecho a la Ciudad es un macro derecho, que se compone de varios derechos ciudadanos y urbanos, entre otros:

1. Derecho de acceso universal a los servicios básicos.

2. Derecho a la seguridad.

3. Derecho a la belleza (construir sin dejar de lado lo estético).

4. Derecho a la movilidad (poder trasladarse dentro de la ciudad de manera libre y sin restricciones).

5. Derecho a la accesibilidad (igualdad de acceso a todas las zonas de la ciudad).

6. Derecho a un gobierno de proximidad.

7. Derecho a la ciudad como refugio.

8. Derecho a la naturaleza y un ambiente sano y de calidad.

Como se mencionó previamente, la Constitución de la República del Ecuador reconoce al Derecho a la Ciudad como un derecho constitucional, en su artículo 31 (Asamblea Constituyente, 2008) donde expresa que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural y que su ejercicio se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

El ejercicio del Derecho a la Ciudad requiere entonces un cambio de paradigma sobre la forma de entender el desarrollo urbano, el hábitat y se basa en tres principios según el Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecuador frente a la Nueva Agenda Urbana (Senplades, 2016):

a) Requiere lógicas de igualdad y justicia social, refiriéndose a las condiciones de vida adecuadas en la ciudad y al bienestar de manera colectiva de sus habitantes en condiciones equitativas.

b) Requiere participación democrática en planificación y gestión de las ciudades, atada a metodologías de inclusión ciudadana en la toma de decisión, incluye acceso efectivo a la información pública y de manera transparente.

c) Requiere redistribución justa de las cargas y beneficios generados por el desarrollo urbano, anteponiendo el interés general al particular en la planificación presupuestaria y de obras.

Con base en el Derecho a la Ciudad, la AHSE 2036 (MIDUVI - Agenda Hábitat Sostenible Ecuador, 2020) concreta los derechos humanos internacionalmente normados en el ámbito urbano, incluyendo los derechos sociales, económicos, civiles, políticos, culturales y ambientales de todas las personas. Además, y muy importante, delimita un ámbito de actuación concreto para atender las necesidades de grupos de atención prioritaria.

Pensamiento del Derecho a la Ciudad.

Leonardo Benévolo (Benévolo, 1974) plantea la necesidad de una intervención que pudiera arreglar los conflictos, injusticias e inequidades que se vivían. Este derecho a la ciudad se plasma en la lógica del ganar-ganar; discutido y sostenido como vital por Henri Lefebvre su libro Le Droit a la ville (Lefebvre, 1969) quien acuña el término. El autor lo define como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de ésta un espacio de lucha en principio anticapitalista ante la cada vez mayor especulación del capital, la exclusión y la pobreza de las clases proletarias. Debido a esto, propuso un modelo en el que la ciudad es un espacio que se imagina y se construye mediante intervención directa de sus habitantes. Robert Ezra Park (Park, 1999) desde su especialidad como sociólogo urbano, presenta una idea de lo que la ciudad es como fenómeno natural y a la vez como un laboratorio urbano. Menciona entonces el aparente caos que significa la ciudad y sus relaciones, pero a la vez valora de tal manera dichas relaciones, que las considera vitales para el ser humano y que no se deben perder en el proceso.

Tanto Lefebvre como Harvey asientan ese derecho en el contexto de una lucha que ha de desarrollarse contra la urbanización capitalista y, sobre todo, contra el modo de producción excluyente que ésta contribuye a perpetuar. Siendo así, y ya que gran parte del pensamiento crítico a este sistema se lo hace únicamente en ámbitos estrictamente académicos, llaman a la acción ciudadana para pasar de la teoría a la práctica.

La relación directa entre el ciudadano y el espacio público común.

En la actualidad, pensadores como Salvador Rueda, Jordi Borja y David Harvey, han logrado impulsar el Derecho a la Ciudad para lograr equidad y justicia en las ciudades. Por su parte Jordi Borja, en su libro Revolución Urbana y el derecho a la ciudad (Borja, Revolución Urbana y el Derecho a la Ciudad, 2012), aporta desde su experiencia en el desarrollo de política pública para la ciudad de Barcelona España. Para Harvey, es un derecho de una magnitud y dimensión importante en lo jurídico, ya que enmarca posibilidades de aplicar justicia en territorio (Harvey, 2012) y propone incluso una visión de ciudad y su uso desde una mirada social que trabaje en una sociedad equitativa y justa. Lo presenta como un derecho que hay que lucharlo y de alguna manera hasta la rebeldía, porque para Harvey no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de los anhelos más profundos de cada ser humano, poniendo en discusión el convivir con el derecho colectivo y el particular, porque lo ha hecho durante la historia, aunque ahora parezca más complejo que antes. Salvador Rueda realizó una consultoría importante entre 2015-2016 para el Municipio del Distrito metropolitano de Quito donde se planteó muchos de los conceptos de movilidad sostenible que implementan en Barcelona al momento con las super manzanas en el Distrito Arroba, para recuperar espacio público para la gente, transformando calles previamente para autos en grandes plazas, parques y bulevares.

Difícilmente la transformación social vendrá desde las instituciones, se puede soñar, pero esto va a depender de la gente, gente que se vuelva gestora de sus propias necesidades. Para Borja (Borja, 2014), el ciudadano solo existe en su relación con los otros, entonces se debería hablar solo de conciudadanos. Y en ese sentido, comprendernos como tal, puede ser la llave de las soluciones sociales.

La ciudadanía debe poder expresarse a favor o en contra del poder, en ese espacio público que ordena los flujos, las construcciones, genera elementos icónicos, referenciales, que expresan memoria o aspiraciones. Estos espacios tienen una importante relación con la democracia política, el elemento principal no es únicamente las elecciones, pero para que sean democráticas tiene que haber una vida que genere opiniones colectivas. Mientras más espacio público hay, más se pueden formar dichas opiniones colectivas. Por eso los políticos, sean conservadores o liberales, quieren que vayan solo a votar, y que la persona individual se pierda y que no exista en el ámbito político porque de cualquier manera vota para que gane alguien más, un grupo. Reforzar la vida y la convivencia en las calles es un acto político de libertad y democracia.

Para Borja, la producción mediática del miedo a la inseguridad es grave en las ciudades. Incluso llega a mencionar que la pequeña delincuencia urbana es un reflejo de injusticias y por ende solo una forma de redistribución social informal. La desigualdad es un elemento de injusticia y menciona que ante este miedo se quiere poner muros, e irónicamente se considera peligroso al más vulnerable. Nadie debería querer vivir en un edificio blindado, solo te aleja más de quien necesitas para ser libre. Benjamín Franklin dijo que quien decida renunciar a su libertad por su seguridad no merece tener ni libertad ni seguridad. Nos venden humo cuando nos asustan para mantenernos guardados y con miedo.

Históricamente, quienes se ocuparon del espacio público fueron los gobiernos locales, especialmente a través de la regulación, la normativa y el mantenimiento. En general se solía atribuir a lo público (el Estado) los espacios exteriores, las grandes infraestructuras y equipamientos colectivos (Perahia, 2007). El espacio público está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros días es el espacio del encuentro y el intercambio, enriquece las prácticas urbanas y alienta la participación de los ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias.

Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, es social, urbanística y ambientalmente pobre. La ciudad misma es el espacio público, no es el espacio para la movilidad, no es el espacio de dominio público jurídico (Borja, 2014). Es más complicado, tiene un sentido urbanístico, social, económico, político y cultural. También lo está como un espacio de poder, en sus inicios se lo pensó en contra de los ciudadanos, y el mercado. La plaza principal solía ser el mercado. Al poder no le gustaba la gente en la calle. El poder político es un enemigo del espacio público, porque quisiera un espacio público controlado socialmente. El espacio público ha sido una conquista de la ciudadanía. La ciudad debe favorecer la movilidad a pie para generar más encuentros, en espacios públicos con árboles y comercio, sin muros, sin usos privatizadores o consumistas donde tienes que pagar para sentarte un momento.

Hoy hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como elemento ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, en cada zona o barrio, y también como elemento de continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria, de identidad ciudadana (Borja, El gobierno del territorio de las ciudades latinoamericanas, 2001). El espacio público supone un uso social colectivo y multifuncional, un espacio de convergencia interdisciplinaria, compleja para intentar acercarse a una respuesta (Remesar, 1997).

Disciplinas como la geografía, la economía, la filosofía, la sociología, la historia, la psicología, las ciencias políticas, el trabajo social y las artes muestran las características estructurales que dan significado social, político y cultural al territorio, por mucho tiempo pensamos que el urbanismo, la arquitectura, el diseño urbano, determinaban el territorio. Al pasar el tiempo muchas otras disciplinas han demostrado ser parte de todo el ejercicio de planificación.

El arte de hacer ciudad involucra el entender que la parte física no hace ciudad por sí sola. Para lograrlo, hay que entender lo que los humanos necesitan, quieren y desean. Para Borja es así (Borja, 2014), se debe dar espacio para que la gente hable, la relación con la ciudadanía supone reconocer que los colectivos deben poder exponer sus demandas y se debe crear escenarios de diálogo, confrontación y cooperación.

Los ciudadanos tienen cosas que decir, no quiere decir que siempre tengan razón, pero siempre tendrán razones. La aspiración a una vida mejor, una reivindicación concreta, pero no solemos querer ser parte de ese cambio. Es hora de formar parte del cambio necesario para que las ciudades devuelvan a sus ciudadanos un espacio digno para crecer en todo sentido y ser los mejores ciudadanos que puedan ser.

Artículo parcial tomado de Trabajo de Fin de Carrera de Maestría en Derecho con Mención en Gestión Pública de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.